Con motivo del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, decenas de manifestantes pertenecientes a la sección sindical de socorristas de la CGT de Barcelona protestaron en frente de la sede del Ayuntamiento para exigir un trabajo digno y seguro.
Durante la mañana de ayer, 25 de julio, decenas de manifestantes salieron a la calle para expresar su desacuerdo con las políticas contractuales impuestas por el Ayuntamiento de Barcelona y la empresa Fomento de Construcciones y Contratas en el sector del socorrismo.
Tal como se denuncia en el informe sindical publicado por CGT, a pesar del inicio de la nueva temporada de verano, el sector sigue sufriendo las consecuencias heredadas de la gestión anterior. De hecho, a pesar de años de lucha y las huelgas llevadas a cabo en 2023, el sindicato denuncia el incumplimiento de las mejoras contractuales alcanzadas.
En 2024, el Ayuntamiento de Barcelona transfirió la gestión del servicio de Aunar Group a FCC, y varios errores de transcripción habrían permitido a la nueva empresa redactar un nuevo contrato y heredar los problemas anteriores que originaron las luchas sindicales.
Como se indica en el comunicado, los trabajadores y trabajadoras del sector denuncian «vestuarios inadecuados; módulos insalubres; herramientas escasas para operar sin indicios de un cambio que mejore la eficacia y seguridad, a pesar de que éstas y otras, fueron soluciones y compromisos a resolver pactados tras las huelgas de 2023».
A las carencias infraestructurales se suma la precariedad laboral, causada por las problemáticas inherentes a un trabajo considerado por el Ayuntamiento como eminentemente estacional, basado a menudo en sistemas de rotación de los equipos que dificultan la creación de plantillas organizadas y, en consecuencia, más eficientes.
FCC parecería estar blindada por un contrato que no permite mejoras sustanciales debido a una gestión económica a la baja por parte del Ayuntamiento, basada en el mero beneficio y en perjuicio no solo del personal del socorrismo, sino también de la seguridad ciudadana.
Un contrato de este tipo provocaría, según CGT, una escasa atractividad del puesto, lo que implica una sobrecarga laboral para una plantilla reducida, obligada a cubrir tramos de playa cada vez más extensos en condiciones laborales fuera de contrato.
A través del comunicado, CGT afirma que, tras la Nit de Sant Joan, durante la cual «no se garantizó el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales», FCC se mostró dispuesta a negociar, lo que puso de manifiesto el papel del Ayuntamiento de Barcelona en la resistencia a modificar el contrato y aplicar las mejoras exigidas por CGT.
El sindicato exige, entre otras cosas, la ampliación del contrato de tres a cinco meses, una equiparación salarial con actualización del IPC acumulado durante años, y la gestión adecuada de los espacios destinados a los equipos de salvamento, a menudo afectados por plagas de insectos y roedores.
Tras la Nit de Sant Joan, el sindicato ha anunciado una huelga que, por el momento, y a pesar de la promesa de negociaciones, está prevista para el próximo 1 de agosto.
En consonancia con una gestión municipal centrada en el beneficio económico, el Ayuntamiento parece no querer asumir las consecuencias de dichas políticas. Verano tras verano, la dirección municipal ha mostrado una estrategia centrada en promover el uso de las playas públicas para actividades vinculadas a grandes eventos náuticos, como la Copa América, así como al ocio y al turismo.
Una vez más, el modelo aplicado se queda corto: como una manta demasiado pequeña, al intentar cubrir la gestión público-privada del turismo, se dejan al descubierto las necesidades de esa clase trabajadora que vela por la seguridad de la ciudadanía.
